13 Informe económico y financiero #29 | Nota de coyuntura El deterioro de las cuentas públicas ha venido acompañado por un sustancial aumento de la deuda pública en un periodo muy corto de tiempo. Podemos observar cómo los indicadores de alta frecuencia se acercan ya a niveles pre-COVID, a excepción del turismo (aunque con alguna buena señal, como las búsquedas de vuelos a España desde Alemania). Asimismo, se aprecia un claro avance en todas las categorías en el último mes (mayo respecto de abril). Finalmente, la crisis se ha traducido igualmente en un fuerte deterioro de las cuentas públicas, que en 2020 alcanzaron un déficit público récord del 11% del PIB, de nuevo uno de los más altos de la Unión Europea. Este mayor déficit público de España se explica también por una peor situación de partida, puesto que España ya tenía en 2019 un déficit público entre los más altos de la Unión. Este deterioro de las cuentas públicas ha venido acompañado por un sustancial aumento de la deuda pública en un periodo muy corto de tiempo. En diciembre de 2019 la deuda pública apenas superaba el 95% del PIB, mientras que un año después ya alcanzaba el 120% y un 125% en marzo de 2021. El alto endeudamiento, que se mantendrá durante los próximos años, resta margen de maniobra al gobierno de España en otra hipotética situación de estrés fiscal y podría suponer un problema añadido sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas si hubiera un repunte en los tipos de interés de la deuda. Retos prioritarios de política económica A fecha de la elaboración de este informe, casi 16 millones de personas han recibido la pauta completa de vacunación en España. El rápido avance de la vacunación, unido al levantamiento de las restricciones en la mayor parte de los sectores, está contribuyendo finalmente al despegue de la economía española. Sin embargo, para consolidar la recuperación, evitar pérdidas de productividad e impulsar el crecimiento a medio y largo plazo es preciso que el Gobierno se mantenga alerta, particularmente en dos ámbitos: la utilización efectiva de los fondos europeos y el sostenimiento del tejido empresarial. Fondos NextGenEU En este sentido, los Fondos Next Generation EU (NGEU) suponen una oportunidad única para España, aunque también un reto político y administrativo mayúsculo. Tanto por su tamaño como por su extensión en el tiempo, los fondos deberían servir como mecanismo contracíclico para acelerar la recuperación, pero también para impulsar una transformación profunda del modelo de crecimiento español. A final del mes de abril, en cumplimiento de los reglamentos comunitarios, el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR, también denominado “España Puede”) que supone un ejercicio de planificación inédito en España, tanto por la movilización de inversiones (110) y reformas (102) que compromete como por la ambición de sus objetivos. El PRTR se centra en los planes de gasto en el periodo 2021-2023, planeando la inversión de más de 70.000 millones de euros, una cifra equivalente al 6% del PIB de España en 2019. El reparto de estos fondos se divide entre diferentes áreas entre las que destacan dos: la modernización y digitalización del tejido productivo, con 16.000 millones de euros, y la agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo en la agricultura, que cuenta con 14.400 millones, sumando entre ambos más de un 40% del gasto total previsto para estos años (ver gráfico 7). El plan ha sido recibido de forma muy positiva en Bruselas, pero todavía quedan algunos aspectos por concretar y mejorar. En particular, identificamos cuatro ámbitos en los que se debería avanzar en los próximos meses. En primer lugar, el Gobierno debe apostar por las reformas estructurales postergadas desde hace tiempo. A pesar del extraordinario desarrollo económico alcanzado por España en las últimas décadas, la distancia en términos de productividad con nuestros socios del norte de Europa se ha ensanchado, en vez de reducirse. El PRTR establece una larga lista de inversiones y reformas importantes para los tres próximos años. Sin embargo, aún son difusos los compromisos enmarcados en el ámbito de las principales reformas estructurales necesarias para el crecimiento de la productividad. Esto es particularmente cierto en los ámbitos relacionados con el capital humano y el mercado laboral, educación, universidades y políticas activas de empleo. Pero también quedan pendientes la reforma fiscal, la reforma de pensiones o de mercado interior, largamente reivindicadas por Bruselas. En segundo lugar, es necesario un mayor esfuerzo en mejorar la transparencia de los procesos de selección de proyectos para asegurar la máxima rentabilidad de cada euro invertido. Existe el riesgo de que la necesidad de rápida ejecución termine priorizando proyectos subóptimos y favorezca a los incumbentes, en detrimento de proyectos más transformadores. En tercer lugar, urge la adopción de medidas para asegurar la capacitación de la Administración Pública para responder al importante reto de implementación. Para ello se debe dotar a la Administración Pública de los medios técnicos y humanos necesarios. Eso incluye el fortalecimiento de equipos profesionalizados, especializados y con experiencia previa en contratación pública, pero también avanzar más en la agilización de los procesos, la reducción de trabas burocráticas y la simplificación en los procedimientos de gestión y control. Y todo ello, debe hacerse para cada uno de los tres niveles de la Administración española. Para responder al importante reto de implementación, se debe dotar a la Administración Pública de los medios técnicos y humanos necesarios.