CGATE / pROFESIÓN Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. públicos parecen ser los elementos que menor grado de carencia presentan. Según el informe, un 60% de la población reconoce un impacto positivo de su vivienda en su bienestar emo-cional y mental, mientras que cerca del 40% reconoce haber experimentado estrés o ansiedad, un 30% soledad y un 23% depresión. Sin embargo, los datos varían sen-siblemente dependiendo del nivel de renta o de la situa-ción del individuo. Así, la sensación de bienestar entre los propietarios es cercana al 70% (67%), mientras que desciende al 49% entre los inquilinos. Las situaciones de estrés o ansiedad, soledad y depresión se incrementan entre las rentas más bajas: el 58% de los ciudadanos que perciben menos de 1.000 € al mes afirman experimentar ansiedad, el 57%, soledad, y el 40% depresión. Frente a ellos, las rentas de más de 5.000 € al mes presentan niveles inferiores de estrés (22%), depresión (12%) o soledad (8%). En el lado contrario, cerca de un 20% reconoce ha-ber sufrido temor a perder la vivienda actual, haber ne-cesitado mudarse por razones económicas o no haber podido hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca, siendo los menores de 35 años el grupo de población que manifiesta haber sufrido más estas situaciones (un 40% de los casos). Los elementos que más contribuyen a este bienes-tar son la ubicación (70%), la iluminación y ventilación (67%) y la privacidad (65%). El informe también destaca la creciente preocupación por los materiales empleados en la construcción de los edificios, señalando que son las familias con hijos las que muestran más interés en este aspecto (43%). Un dato a destacar es que casi un 40% de la pobla-ción reconoce permanecer más tiempo en su hogar a partir de la pandemia de la covid-19, y cerca de un 35% declara una mayor predisposición a vivir fuera de los centros urbanos. Este porcentaje es inferior entre los ciudadanos menores de 35 años que entre el resto de los grupos de edad. Más ayuda. El informe La situación de la vivienda en España muestra cuáles son las principales barreras detectadas por los ciudadanos para acceder a una vivienda: las condiciones económicas y laborales (48%), seguidas de la necesidad de disponer de capital inicial para el acceso a la vivienda (46%), de las condiciones de financiación y de la falta de apoyo de las instituciones públicas (40%). También recoge algunas de las posibles soluciones dadas por los ciudadanos para mejorar el acceso a una vivienda. La más demandada es la reducción de los ti-pos de interés (35%), seguida de la concesión de ayudas para la compra de vivienda (27%) y el abaratamiento del precio del suelo (25%). Además, el 25% de los ciu-dadanos aboga por la limitación de los precios de los alquileres y la construcción de viviendas protegidas. Entre los propietarios, destaca la necesidad de cam-biar o renovar la vivienda para mejorar su calidad de vida. Cuatro de cada diez entrevistados manifestaban su intención de cambiar de casa, mientras que cinco de cada diez apostaban por la rehabilitación como medida para mejorar el confort o la accesibilidad. Un dato a señalar es la preocupación por la salud y su relación con los materiales empleados para la cons-trucción de los inmuebles. Un 40% de la población residente en nuestro país muestra mucha o bastante preocupación por el impacto de los materiales de edifi-cación sobre la salud. En general, esta preocupación es superior entre los más jóvenes (49% entre los menores de 45 años), entre quienes residen con hijos en su hogar (45%) y entre habitantes de los centros urbanos (42%). Sin embargo, este no es un factor determinante a la hora de comprar o alquilar un piso, y solo un 4% de los ciudadanos lo tienen en cuenta. La vivienda en España, a debate. Tras la presentación del estudio, se desarrolló una mesa redonda, moderada por María José Navarro, periodista, en la que participaron Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda; Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la APCEspaña; Diego S. Garrocho, filósofo y vicedecano de Investigación de la UAM, y José Miguel Gaona, psiquiatra y escritor. Al inicio, todos los invitados coincidieron al señalar que el problema de la vivienda tiene una “solución com-pleja, que debe de contar con la participación de todos los agentes implicados”, como señalaba Juan Antonio Gómez-Pintado. “Necesitamos más construcción, más oferta y más mercado”, apuntaba Valentín Pich. Pero lejos de circunscribirlo al sector de la construcción, se puso de manifiesto el problema social y psicológico que supone la actual situación del mercado de la vivienda. “El problema de la vivienda es absolutamente trans-versal y afecta a toda la dimensión humana. El ser hu-mano se hace construyendo, y la vivienda, el hogar, tiene una connotación que va mucho más allá; se es-tablece esa relación entre el hogar, la hoguera y la pro-tección”, explicaba Diego S. Garrocho. “Lo que pone de manifiesto este encuentro y este informe es que, para la Arquitectura Técnica, su oficio, su vocación, lo que tie-nen entre manos, no es solo un bien de mercado, es un recurso que no es optativo para el desarrollo de la vida humana. Así que esa dimensión de reforzar la vocación, que va mucho más allá del estricto cumplimiento de la deontología, creo que es algo que habría que reforzar”, destacaba. Las dificultades para acceder a una vivienda pueden minar al individuo, “hacerle perder la esperanza”, como señalaba José Miguel Gaona. “El tener un objetivo, un sueño; el tener metas es fundamental. Por eso, cuando les repetimos a nuestros jóvenes una y otra vez que no van a poder independizarse, estamos creando una dis-función en la sociedad”, apuntaba. Junto con la sensación de “derrota” de la juventud, desde el Ministerio de Vivienda, Francisco Javier Mar-tín destacaba otro problema existente, la creación de dos tipos de sociedades: los que pudieron comprarse una vivienda antes de 2007 y los ciudadanos que han accedido al mercado después. “Puede darse la situa-ción de que en el futuro tengamos una clase jubilada que no haya podido tener una vivienda en propiedad. Esto, en un país donde la vivienda ha sido la garantía y el ahorro para la vejez. Ahorramos con nuestra vivienda y con eso tenemos la capacidad de poder desarrollar una tercera etapa de nuestra vida con tranquilidad. Nos estamos jugando ese modelo”, explicaba. Sin embargo, y aunque todos los ponentes coincidían en apostar por la búsqueda de soluciones a largo plazo, los desafíos a los que se enfrenta la sociedad para abordar los pro-blemas de la vivienda son muchos y complejos. Como afirmaba José Antonio Gómez-Pintado, “la cuestión va más allá de la necesidad de construir”. La crisis de 2008 puso en jaque el sector, destruyendo tejido empresarial que, hasta la fecha, no se ha podido reconstruir. A esto hay que sumarle las dificultades para encontrar relevo generacional. “En 15 años se jubilará el 30% del perso-nal activo y no está entrando gente joven en nuestro sector. Pero hay otro tema que me preocupa más, que tiene que ver con el emprendimiento. España es un país de pequeñas y medianas empresas y estas están con-denadas a desaparecer una vez se jubile el propietario. ¿Cómo fortalecemos a nuestras empresas para poder participar de manera razonable en nuestro sector?”, se preguntaba. Entre las posibles salidas, Gómez-Pintado apostaba por el desarrollo del sector de la construcción industrializada como modelo capaz de atraer talento joven al sector. Más consenso. A la hora de hablar de soluciones, el presidente del Consejo General de los Economistas recordaba que “el sector público no va a tener más dinero en los próximos años”, por lo que la colaboración público-privada será clave para poder generar más oferta. “También necesitamos que se cree mucha seguridad jurídica y ser más ágiles en los temas burocráticos”, recomendaba. Por su parte, Diego S. Garrocho reclamaba una des-politización del debate. “Estamos ante un problema dis-cursivo. Cómo se ha ordenado la agenda pública no es inocente, dando prioridad a temas que realmente no le preocupan a la ciudadanía y dejando de lado aquellos que sí les afectan”, afirmaba. En este contexto, recla-maba la importancia de ofrecer una salida habitacional de calidad y de cercanía para la gente más joven, como mecanismo para reducir los problemas asociados a la soledad y la depresión. “Tenemos que reconocer que durante mucho tiempo hemos vendido una mercancía averiada a nuestros jóvenes, diciéndoles que tenían que ser más independientes, romper sus vínculos afectivos... Y en el momento en el que esto les ha convertido en sujetos inestables, que no tienen asideros materiales, nos sorprende que tengan problemas de salud mental. Debemos permitirles construir una vida de proximidad a familia, amigos, etc. Todo aquello que puede suponer un asidero y una certeza en momentos de crisis”, reivin-dicaba. Francisco Javier Martín cerraba su intervención recla-mando una mayor colaboración entre todos los sectores implicados, destacando la necesidad de llegar a acuer-dos “y contarlo. Lo primero para dar soluciones es no descartar ninguna idea. Por otro lado, todos estamos de acuerdo en que tenemos un claro desfase entre oferta y la demandan y que, por lo tanto, hay que estimular toda la oferta posible. Pero por el camino, la sangría si-gue y debemos destinar recursos también a solucionar problemas inmediatos, aunque no sea una respuesta definitiva (ayudas al alquiler, subvenciones...). Hay que dar una solución hoy, generando todos los mecanismos que se nos ocurran”, explicaba. En cuanto a la politización de la vivienda, Martín apuntaba, “que la ideología está en todos lados y los prejuicios también. Todos debemos hacer un esfuerzo extra por despojarnos de prejuicios, aportar más recur-sos y dar visibilidad a los acuerdos –no solo a los des-acuerdos–. Poniendo todos dinero, y con colaboración público-privada, podremos crear oferta de vivienda, pero requiere ambición por todas las partes”, concluía. El encuentro se cerró con la intervención del pre-sidente de CGATE, Alfredo Sanz, quien reclamaba la creación de la figura del tasador homologado, al igual que ya ocurre en otros países europeos. • “El sector público no va a tener más dinero en los próximos años, por lo que la colaboración público-privada será clave para poder generar más oferta. También necesitamos que se cree mucha seguridad jurídica y ser más ágiles en los temas burocráticos”. Valentín Pich